Temas como la igualdad sustantiva, las sanciones que aplica la Universidad ante problemas como el acoso o la violencia de género, la responsabilidad que tiene la institución ante la sociedad y cómo ha evolucionado el tema en la comunidad universitaria fueron abordados por Karla Paulina Amozurrutia Nava, directora de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias, de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM (CIGU).
En su charla “Mecanismos de Prevención de Violencia de Género en Espacios Universitarios”, Amozurrutia se refirió a la labor de la CIGU para enlazar y articular el trabajo de todas las comunidades de la UNAM, así como las iniciativas y acciones emprendidas en la institución, en busca de la igualdad de género.
A los docentes les dijo que si enfrentan algún caso deben intervenir y hablar, primero con la persona agresora y después con la víctima, quien puede acercarse a las POC o al Departamento de Psicopedagogía de su plantel.
Para prevenir estos casos, expuso, “es importante dar una clase sobre las violencias de género, remarcar que no son toleradas en la comunidad universitaria, hablar con el estudiantado es vital, porque conocerán información importante a través de ustedes, que tienen autoridad moral”.
En su opinión, para alcanzar la igualdad sustantiva se requiere de una transformación profunda a nivel social y cultural “y todavía estamos en el proceso que requiere trabajar en diferentes niveles y probablemente no nos toque a esta generación observar una sociedad más igualitaria, lo cual no quiere decir que no valga la pena trabajar en ella”.
“Porque si volteamos a ver el panorama nacional, que mueran 11 mujeres al día es grave y si no cambiamos los espacios en que estamos, esto puede ser peor, y no queremos eso para ninguna persona, entonces vale la pena caminar hacia allá; hace 10 o 5 años no hablábamos del tema”, reconoció.
Sobre las sanciones, la fundadora y colaboradora del Seminario Institucional Legislación Universitaria y Protocolo señaló que hay dos procesos: el procedimiento disciplinario, cuando la persona agresora forma parte de la comunidad estudiantil, y el otro, cuando las personas agresoras forman parte de la comunidad académica o trabajadora.
Las sanciones para el estudiantado van desde amonestación, suspensión o expulsión de la Universidad, mientras que para la comunidad que tiene una relación laboral va de la amonestación, suspensión o la recisión de contrato.
Al hablar de la responsabilidad social de la UNAM, señaló que debe estar a la altura de las transformaciones sociales, ir dos o tres pasos adelante para ayudar en la transformación de la sociedad, “si no cambiamos nuestras prácticas, difícilmente reflejaremos ese cambio a la sociedad y esa es su principal responsabilidad, trabajar para y con la sociedad, no podemos permitir en los espacios universitarios casos de discriminación o de violencia, la Universidad tiene que avanzar”.
La responsable del programa Equidad de Género de la FFyL animó a las jóvenes a denunciar, “no hay represalias, como son menores de edad, todas las violencias contra ustedes se configuran en delitos y se pueden denunciar ante un MP”.
Recordó que la Igualdad de Género en la UNAM “no fue una ocurrencia, ni un tema coyuntural, es un tema que viene empujado por generaciones de mujeres feministas universitarias, dentro y fuera de la institución”. Hay académicas, investigadoras, profesoras, incluso estudiantes, que han trabajado años para que este tema esté en la palestra institucional, aseveró.
La muestra es Marcela Lagarde, quien trabajó e impulsó el Programa de Estudios de Género, hoy CIEG, cuando fue diputada, generó la teorización de la categoría de feminicidio, ese el mejor ejemplo de cómo las feministas universitarias han impactado en la vida institucional del país, para lograr alcanzar la igualdad y entender las violencias que recibimos las mujeres por las desventajas históricas y por el sistema patriarcal, por eso es importante conocerlas y leerlas, subrayó.
