El término violencia de género es de carácter social, se entiende como un mecanismo social que intenta reproducir la subordinación de las mujeres y en general de cualquier grupo disidente del sistema sexo-género, lo que significa que su explicación no se encuentra en los genes ni en la psique masculina, sino en los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el sustento de la subordinación de las mujeres, explicó María Alejandra Sánchez Guzmán, del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia, a los profesores integrantes del Tercer Seminario sobre prácticas de género en el CCH.
La especialista, al participar en la última sesión del Seminario, refirió que la violencia de género no es un acto individual, tiene varias dimensiones: individual, estructural y cultural. La primera incluye todas esas conductas visibles de la violencia; en la segunda, se edifica dentro de un orden social que permite y perpetúa la desigualdad, y en la última están todos aquellos razonamientos, actitudes e ideas que justifican, legitiman y promueven la violencia en sus formas directa o estructural.
Al definir el término, la ponente señaló que éste se refiere a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto es, todas las formas de violencia que perpetúan el control sobre ellas, o que imponen o restablecen una condición de sometimiento. Constituye la expresión más extrema de la desigualdad y la opresión de género.
Y citó a Roberto Castro, “el carácter específico de la violencia de género es aquella que ‘restablece el orden de género’; la que sirve, valga la expresión, para poner a las mujeres en su lugar”. O en este caso a cualquier persona que no esté dentro del orden normativo de género.
Al referirse al ámbito educativo, sostuvo que éstas acciones responden a las relaciones de poder que pueden darse en lo académico y laboral, en las relaciones de pareja, entre estudiantes o empleados, o derivadas de la diversidad sexual, y se pueden expresar de muchas formas, como acoso sexual, violencia física, discriminación, violencia sexual, exclusión frente al conocimiento, descalificación por los profesores, entre otros, que buscan la prevalencia del modelo patriarcal, estereotipado en la heterosexualidad y en la referencia masculina como eje.
Hay expresiones de orden estructural que siguen impidiendo el ingreso de las mujeres y de muchas minorías en espacios educativos, puntualizó. Cuando se habla de violencia de género en las aulas se trata de “las agresiones de orden físico, sexual, psicológico, en contra de las mujeres o de cualquier minoría en función de su género y se presenta al interior de una comunidad educativa, como fuera del espacio físico”.
Un largo caminar
Como parte de su exposición, la investigadora hizo un breve recorrido histórico de cómo se ha incorporado en la agenda pública la problemática de la violencia de género. Una de las primeras definiciones empieza a construirse desde los años ochenta, es en esta época cuando se incorporan documentos e instrumentos de orden legal.
Algunos autores, apuntó, hablan de etapas y las sitúan en orden cronológico. En los años setenta y ochenta se empieza a hablar de violencia sexual, pero como un mecanismo claro de control social de los hombres contra las mujeres y se refiere al ámbito doméstico.
En una segunda etapa, que comprende de los años ochenta a los noventas, se empieza a hablar de violencia contra las mujeres. Hay una reapropiación del tema, las feministas ponen en la Convención de Nairobi el debate de la violencia del cónyuge contra su esposa. También la violencia en las relaciones de trabajo e intentan poner el tema de la división sexual del trabajo dentro del hogar.
Y en una tercera etapa, a partir de los años noventa, se empieza a hablar del concepto de violencia de género y se incorpora en algunas convenciones. Hay una especie de institucionalización, el movimiento feminista logra que organizaciones, como la ONU, incorporen la perspectiva de género y se vuelva un tema prioritario la violencia de género. En México se crean algunas normativas, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
