Informalidad y mala imagen entorpecen amplia recaudación

Hacia una mejor cultura tributaria

Informalidad y mala imagen entorpecen amplia recaudación

Hacia una mejor cultura tributaria
Informalidad y mala imagen entorpecen amplia recaudación

Involucrar a los jóvenes en la cultura tributaria y que comprendan que los impuestos son necesarios para financiar el gasto público, en beneficio de quienes menos tienen, fue el propósito de la charla que ofreció Gabriela Ríos Granados, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a alumnos y alumnas del plantel Sur.

En México el tema de los impuestos tiene una imagen negativa, asociada a la corrupción y a la impunidad, pero también tiene que ver con que, en el país, según datos de la Encuesta Nacional de Empleos y Oficios, alrededor de 32 millones de personas trabajan en la informalidad.

En el auditorio 1 del Siladin, Ríos destacó que su propósito era acercarlos al tema del Derecho Fiscal y divulgar el conocimiento de lo que debe entenderse como el pago de contribuciones, además de trasmitirles su preocupación “por la baja calidad que tenemos del cumplimiento voluntario del pago de las contribuciones”.

Luego, mediante una dinámica de preguntas y respuestas, la exposición comenzó con el tema qué saben y qué opinan de los impuestos, un asunto con el que estamos relacionados desde que empezamos a trabajar y mediante los cuales podemos exigir cuentas al gobierno.

Al respecto, los estudiantes definieron el pago de impuestos como “cuotas que el gobierno impone, básicamente a los ciudadanos, y que se deben pagar porque financian los gastos para los insumos de salud pública, gastos públicos y demás. Lo que sé de los impuestos es que son una obligación y que, dependiendo del salario que ganes, el gobierno te descuenta”. 

La especialista resaltó que la mala percepción del pago de los impuestos que hay en el país es la que causa una incomodidad y empeora porque “viene muy de la mano del tema de la corrupción”.

Si todos los días veo que hay choques entre trenes del Metrobús, se cae el puente de la línea 12 del Metro, hay casos escandalosos como la Estafa Maestra o el caso de Javier Duarte, en Veracruz, eso va a ralentizar el pago de las contribuciones, porque pensarán: para qué pago impuestos si se lo lleva el gobernador y va a montar su casa de forma espectacular y no hay consecuencias, expresó la doctora  en Derecho por la Universidad de Salamanca.

Lo que hay que entender, dijo, es que en México existe un sistema tributario, como estamos conformados en una federación, se pagan impuestos de manera local y nivel federal. En la CDMX, a diferencia de las otras entidades federativas, tenemos una Hacienda Unitaria, y las alcaldías son similares a los municipios, no detentan la facultad de recaudar, recauda la Tesorería de la CDMX y lo reparte en las distintas alcaldías.

Todos los impuestos van a financiar el gasto público, que es el fondo que tiene el Estado para desempeñar sus principales tareas, como administrar e impartir justicia, Salud Pública, Educación; entre más desarrollado esté un Estado, más requerimientos de pago se van a exigir.

Por ejemplo, dijo, el Programa de Adultos Mayores es una prestación que inició en la CDMX y luego se federalizó, hoy todas las personas mayores de 65 años, no importando su condición económica, tienen el derecho a obtenerla, para eso sirve pagar las contribuciones y también para fortalecernos como ciudadanas y ciudadanos, pues nos permite exigirle cuentas a los funcionarios públicos.

El pago de contribuciones ayuda precisamente a financiar este gasto público, las decisiones de cómo gastarlas se discuten en la Cámara de Diputados cada año; en septiembre, la Secretaría de Hacienda presenta el paquete económico y se discute el presupuesto del siguiente año que se aprueba en noviembre, abundó.

También se refirió al Impuesto Sobre la Renta, al IVA y el Derecho al Mínimo Existencial, que nace en Alemania, y está relacionado con un Estado de bienestar que establece que todas las personas por pertenecer a la sociedad tienen un derecho mínimo que debe estar respaldado por el Estado y se sustenta en la dignidad humana, como el derecho a la vivienda, a la alimentación y a la educación y que se articula a través del gasto público (como las pensiones de bienestar) y de los impuestos (los exentan para poder sobrevivir).

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